La decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de revocar el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga equivale solo a un capítulo más de un guion que lleva casi una década y media. Y que ha derivado en dolores de cabeza al menos para tres gobiernos y en permanentes recriminaciones entre grupos ambientalistas y empresarios. La historia de remonta a 2010, cuando Andes Iron, de la familia Délano, compró el 100% de Dominga a Minera Activa, de LarrainVial, por más de US$100 millones. Tres años después, la iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

2017 fue uno de los años clave para la iniciativa. Comenzó, en febrero, con la recomendación de aprobar la iniciativa por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Aunque pocos días después, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeava) de Coquimbo envió una calificación desfavorable. En la votación se registró un empate, pero el voto en contra del intendente de la época inclinó la balanza en contra de Dominga. En mayo, Andes Iron tomó cartas en el asunto y apeló a la decisión del Consejo, ante el Comité de Ministros, que ratificó el rechazo regional. Este episodio generó una crisis en el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que terminó con la renuncia de los ministros Rodrigo Valdés, de Hacienda; y Luis Felipe Céspedes, de Economía. En específico, los titulares de ambas carteras dieron un paso al costado -al cual se sumó el entonces subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco- por las diferencias con el Ejecutivo en relación a la iniciativa. La crisis tomó forma cuando el segundo de Hacienda aludió a «decisiones apresuradas» en el rechazo de Dominga. Esto fue apoyado por Céspedes, quien al votar en el Comité se abstuvo, argumentando no contar con tiempo para tomar una decisión con fundamentos. Más tarde, Valdés dijo que «algunos no tienen al crecimiento dentro de las prioridades más altas», con lo que quedó clara la posición del equipo económico. En noviembre del mismo año, Andes Iron presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, para revertir el rechazo a Dominga. La instancia admitió y el recurso. En medio de todo eso, los candidatos presidenciales de la época se veían en la obligación de pronunciarse acerca del proyecto. En abanderado Alejandro Guillier, por ejemplo, de la Nueva Mayoría, calificó como «una brutalidad» y un «escándalo» que los secretarios de Estado hayan dicho no a la iniciativa. Mientras, quien terminaría regresando a La Moneda -Sebastián Piñera- afirmó que el rechazo a Dominga no respondía a una preocupación por el «medio ambiente», sino que a un tema de «otra naturaleza». Llegó 2018 y la tramitación de Dominga continuó. En abril de ese año el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor de la iniciativa y mandató retrotraer el proyecto, tras la publicación del Informe de Evaluación Consolidado (ICE). Luego, en junio, detractores presentaron seis recursos de casación ante la Corte Suprema, que en 2019 devuelve la causa al Primer Tribunal Ambiental. En 2021 el Tribunal Ambiental anuló la votación del Comité de Ministros. Y ordenó retrotraer la decisión a la Coeva de Coquimbo. Junto con ello, entregó una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Llegó, así, enero de 2023. Fue aquí cuando los actuales ministros -liderados por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas- rechazaron el proyecto, resolución que terminó siendo calificada como «ilegal» por el Tribunal.